MÉXICO.- “¿Sabes cuántos casos de chicas tengo como tú que se van a tomar a los antros y luego vienen aquí a que las consolemos? Como el tuyo, tenemos miles [de casos]”. Eso le dijo la fiscal Alicia Rosas Rubí, encargada de la investigación de Delitos Sexuales en la Ciudad de México a Martha Sánchez —nombre ficticio para proteger su identidad—, víctima de violación equiparada y quien lleva más de dos años solicitando justicia.

El 16 de mayo de 2014 Martha despertó y vio los nudos de su cabello desprenderse entre sus dedos, sus medias raídas y el bolso de dormir vomitado. Se levantó para ir al baño y notó que su toalla sanitaria estaba “hecha bola” dentro de su ropa interior. Ese día no sólo le dolía el cuerpo, le pesaba la incertidumbre.

“¿Estás bien?”, le dijo uno de sus compañeros, quien unas horas antes estuvo a punto de detener la relación sexual que ella asegura no fue consensuada por su estado de inconsciencia. Por esta razón se abrió la averiguación previa FDS/FDS-2/T1/00568/14-10 en la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la CDMX, el 24 de octubre de ese año.
Ella contestó que sí y se fue a su casa con sensación de vacío en el tiempo. Los estragos del alcohol rompieron los posibles recuerdos. Lo último que quedaba en su mente era su colega de estudios, Vicente, ofreciéndole mezcal.

“¿Qué pasó anoche?”, se preguntaba. Martha no lo supo hasta octubre del mismo año. En una charla, una de los únicos dos testigos le dijo: “Ese día te encontramos en el piso y a Vicente sin pantalones sobre ti”. Ella no recordaba nada, habían pasado meses. ¿Cómo denunciar si las pruebas básicas ya no existían? Aun así decidió hacerlo ante el Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), registrado con el número de expediente R181/14 y luego ante la PGJ capitalina.

Hasta el 21 de marzo de 2016 Vicente fue arrestado por el delito de violación equiparada, que, de acuerdo con el Artículo 175 del Código Penal capitalino, se refiere a “la cópula con una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo”, como asegura Martha sucedió en su caso, aunque esto podría darse en otras circunstancias, tales como una condición de discapacidad física o intelectual o intoxicación por drogas (no sólo alcohol).
Vicente fue remitido al Reclusorio Oriente, donde pasó tres meses. No recibió sentencia. Hoy está en libertad. La denuncia contra él es una de los 299 casos que ingresaron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CDMX entre 2011 y 2015, de acuerdo con datos de la dirección de estadística de la institución capitalina, obtenidos vía Transparencia por EL UNIVERSAL.

Pero entre el inicio y final de ese quinquenio existe una caída de 40% de casos que llegan a tribunales, ya que pasaron de 64 en 2011 a sólo 38 en 2015. Mientras en 2012 ingresaron 79, en 2013 bajó a 61 casos y hacia 2014 a 57.

De estos, sólo 63% fueron sentenciados: 54% fue condenatoria y 9% fueron absueltos.
Martha consiguió el acompañamiento de la organización La Casa Mandarina A.C. —fundada y dirigida por Mora Fernández y dedicada a prevenir y detener la violencia sexual— el mismo día que conoció a la abogada Melissa Lailsson, quien lleva su caso. Después se unió la Red No Están Solas, que hicieron dos escraches (manifestación contra una persona en un lugar público), acciones que según la experta Fernández fueron fundamentales para que el caso avanzara tanto en la UNAM como en la PGJ.

“Sin el acompañamiento de Casa Mandarina y la Red, él jamás hubiera llegado al reclusorio. No me imagino enfrentarme a todo esto yo sola, no lo hubiera logrado”, comenta Martha.

“Ya nadie cree en el sistema de justicia”

Contrario al caso de Martha, muchos de los que lleva La Casa Mandarina no presentan denuncia ante una institución por miedo de las mujeres a ser revictimizadas, el desgaste y el tiempo que implica el proceso y porque, en palabras de Mora Fernández no hay confianza en las autoridades: “¿Cómo vas a pensar en la reparación de daño si te tienes que estar defendiendo de la misma institución que se supone busca justicia para ti? Es tener que negociar contigo misma lo que le corresponde a las autoridades. Ya nadie cree en el sistema de justicia”.
Las cifras le dan la razón.

En la CDMX sólo cuatro de cada 10 casos de violación denunciados llegaron a juicio entre 2011 y 2015, el 86% recibieron sentencia condenatoria y 13% obtuvieron resolución absolutoria, de acuerdo con datos del T SJ de la Ciudad de México obtenidos vía transparencia por este diario.

De acuerdo con la abogada experta en delitos sexuales Melissa Lailsson, fundadora del Centro de Estudios de Género para la Prevención y Atención a Adicciones y a la Violencia (Cegaavi), un fallo condenatorio no implica que el acusado llegue al reclusorio, depende de la clasificación del delito (grave o menor), ya que se puede purgar una sanción en libertad condicional.

Tan sólo en lo que va de 2016 la delegación con mayor número de incidentes registrados es Iztapalapa, con 109 de 441 casos en lo acumulado del año; seguida por Cuauhtémoc, con 56; Tlalpan, con 43; Coyoacán, 37, y en quinto lugar Xochimilco, con 34, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública.
Formal prisión sin sentencia

En el caso de Martha, el acusado quedó en libertad por unanimidad de votos de los magistrados que integran la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la capital, Irma García Mendoza, Rosalinda Sánchez y José Guadalupe Carrera revocaron el auto de formal prisión “por falta de elementos que acrediten el nivel de inconsciencia de la denunciante”.

La resolución de la Sala estriba en que “la agraviada tenía las piernas a cada lado de la cintura del indicado; acciones que generan incertidumbre jurídica respecto de si la ofendida efectivamente no podía resistir la conducta de la que era víctima, toda vez que ésta tenía fuerza en el cuerpo, así como la capacidad de emitir sonidos”, se lee en la causa penal 10/2016.

La mayoría de los casos de delitos sexuales son de realización oculta, no hay testigos, explica el abogado Salvador Limón Uribe, miembro de la firma de abogados especializada en litigio y consultoría en derecho penal, Robles Gómez Mont, Limón & Asociados, SC, lo que hace mucho más complicado su comprobación. “No hay pruebas plenas, sólo indicios y estos se convierten en la prueba madre”.

En esta ocasión, hubo dos personas que presenciaron los hechos. La novia del compañero de cuarto de Vicente escuchó “gemidos lastimeros” que venían de la sala. La única que pasaba la noche ahí era Martha. Sus amigos la habían visto en malas condiciones por lo que le prepararon un bolso de dormir y se retiraron quedando ella, los novios y el presunto agresor, quien también vivía en el departamento.

Cuando Lydia salió del cuarto encontró a Vicente sobre Martha, se lo comentó a su novio y él salió a confrontarlo, pero era confusa la situación para ellos y decidieron no hacer más.
Martha no recuerda lo sucedido, pero argumenta que su titubeo pudo haber sido una expresión de indisposición al acto. Vicente se respaldó en el entredicho para argumentar que fue una relación consensuada, a pesar que al ser confrontado por Martha le dijo:

“Lo sé soy un cerdo, viviré con esa culpa toda la vida y he pensado en los tormentos que te he hecho pasar”, según ella relata.

En el fallo de la Octava Sala, el MP quedó obligado a reintegrar nuevas pruebas al expediente, abriendo una nueva posibilidad de que Vicente fuera detenido.

Se incorporó un dictamen de alcoholemia previsible, que es un estudio científico para estimar los grados de alcohol en la sangre en una persona de acuerdo a su peso, sexo y consumo (tipo de bebida, tiempo de ingesta, metabolización en el cuerpo).

Con 3 gramos de concentración de alcohol por litro de sangre ya existe una embriaguez profunda, el resultado de Martha fue de 8 gramos por litro. A pesar del resultado, el Juzgado Cincuenta Penal del Reclusorio Oriente negó la orden, el MP apeló y ahora queda en las manos de la misma sala que dejó en libertad a Vicente resolver si el de Martha será parte de los casos por violación equiparada que llegan a sentencia. Pronto determinarán si él vuelve a ser protagonista de una orden de aprehensión.

Entre las trabas de la denuncia y la falta de evidencias como el peritaje médico, se sumaron intentos para disuadirla de continuar el proceso penal. Amistades, abogados y familiares. Incluso el MP que llevó el caso, Paulino Maya Tirado, le cuestionó: “¿Estás segura que quieres terminar con la carrera de tu compañero? Si es hijo de campesinos y es tan joven…”.

El hecho de que el MP maltrate, revictimice o intimide al denunciante es más grave de lo que aparenta, explica el abogado Limón: “Del MP [que es el orquestador de la investigación] depende que se pruebe la existencia del delito para que pueda llegar a las manos de un juez, esto es delicado cuando se trata de delitos sexuales ya que tienden a ser casos estigmatizados”.

Para Limón existe un mito alrededor de estos delitos: “muchas veces se piensa que son fabricados, pero en ocasiones sucede”.

Aunque, remite a su propia experiencia en el despacho Gómez- Mont donde dice cerca de un 20 a 40% de las denuncias no llegan a constituirse porque depende de la valoración de pruebas que la Fiscalía y el MP realicen y si es una investigación deficiente no se constata el delito.

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