Respalda Cajeme iniciativa para que se castigue con cárcel a quien porte machete como arma

Respalda Cajeme iniciativa para que se castigue con cárcel a quien porte machete como arma

El Municipio de Cajeme respalda la propuesta que hace el diputado Epifanio Salido Pavlovich de reformar el Código Penal de Sonora para sancionar la portación de armas prohibidas como machetes y tratar de controlar su venta dado que estos, originalmente fueron concebidas como herramientas de trabajo para el campo, y actualmente son usados para delinquir; manifestó el Secretario del Ayuntamiento, Armando Alcalá Alcaraz.

El funcionario manifestó que la seguridad de los ciudadanos es una prioridad del Alcalde Faustino Félix Chávez, y esa iniciativa busca dar mayor seguridad a la comunidad toda vez que el Código Penal de Sonora contempla actualmente una penalidad por ese delito de un mes a un año de cárcel y se busca que aumente de seis meses a seis años de prisión, pero que además dicha sanción no pueda sustituirse por una multa.

“Actualmente no hay restricciones para la portación y uso de machetes, de manera que, si se sorprende a una persona portando uno de estos, únicamente se le sanciona económicamente y se le deja en libertad. Con la iniciativa del diputado Epifanio Salido, el portador deberá pagar la multa pero, además, pasar un tiempo en la cárcel” dijo el Secretario del Ayuntamiento.

Si no se establecen sanciones más duras, cualquier persona puede comprar este tipo de armas en la cantidad que desee y luego ir a armar a las pandillas, lo que se trata de evitar, agregó.

Indicó Alcalá Alcaraz que la mayor parte de quienes son sorprendidos portando machetes son jóvenes, y con este tipo de control se busca prevenir que puedan convertirse en delincuentes mayores.

Por otra parte, el funcionario señaló que independientemente de esta propuesta, la Policía Municipal continuará realizando su trabajo de detener a los portadores de armas blancas y decomisándoles las mismas, con el propósito de evitar lo más posible la comisión de delitos que pongan en riesgo el patrimonio y la integridad física de los ciudadanos.

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