Al cierre de 2024, Sonora tenía 15 mil 796 personas privadas de la libertad y 8 mil 386 todavía no contaban con sentencia, equivalente a poco más del 53% de la población penitenciaria estatal. El dato proviene del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2025 del INEGI y coloca sobre la mesa una realidad que pocas veces se observa desde fuera de los muros: estar en prisión no necesariamente significa haber recibido ya una condena.

Es importante aclarar otra cifra: esas más de 8 mil personas no están concentradas en el Cereso Hermosillo I, sino distribuidas en el sistema penitenciario estatal. El centro Hermosillo I forma parte del Sistema Estatal Penitenciario dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora y, como otros centros, combina custodia con programas destinados a educación, trabajo, capacitación y reinserción.

💡 CURIOSIDAD | ¿Sin sentencia significa inocente? La Constitución reconoce el principio de presunción de inocencia: una persona debe ser tratada como inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia. Estar sujeto a prisión preventiva, por tanto, no equivale jurídicamente a haber sido declarado culpable.

La pregunta incómoda entonces aparece: ¿existe un “negocio de la cárcel”? No encontramos evidencia oficial que permita afirmar que el Gobierno de Sonora mantenga personas encarceladas deliberadamente para generar ganancias. Lo que sí existe es una economía penitenciaria legal vinculada con la reinserción. El Gobierno estatal mantiene áreas de Industria Penitenciaria y ha realizado gestiones con empresarios e instituciones para generar fuentes de trabajo y capacitación para las personas privadas de la libertad.

Esto cambia considerablemente el significado de “trabajar dentro de la cárcel”. La legislación y los programas oficiales conciben el empleo y la capacitación como herramientas para que una persona pueda desarrollar habilidades y mejorar sus posibilidades de reintegrarse a la sociedad después de recuperar su libertad. En 2025, además, el sistema estatal reportó programas educativos, capacitación laboral, beneficios de preliberación y mecanismos orientados a disminuir tiempos de internamiento y sobrepoblación.

💡 CURIOSIDAD | Una cárcel no solamente encierra: El modelo constitucional mexicano contempla la reinserción social. Por ello, educación, capacitación, trabajo, salud y deporte forman parte de las herramientas utilizadas para preparar a las personas para regresar a la sociedad.

Otra cosa muy diferente son las economías ilegales que pueden aparecer dentro de un centro penitenciario. Cobros indebidos, extorsiones, venta clandestina de productos, privilegios y formas de autogobierno son riesgos documentados históricamente en el sistema penitenciario mexicano. Eso no permite asegurar que ocurran actualmente de una manera específica en Hermosillo I sin una investigación o denuncia comprobada, pero explica por qué la sobrepoblación y el control interno son temas observados por organismos de derechos humanos. La CNDH, por ejemplo, ha evaluado específicamente factores de sobrepoblación y hacinamiento en Hermosillo I dentro de sus diagnósticos penitenciarios.

También existe un costo público. Alimentación, custodios, servicios médicos, infraestructura, agua, electricidad, vigilancia, programas educativos y mantenimiento deben financiarse independientemente de que la persona esté sentenciada o esperando resolución. Por eso, discutir la prisión preventiva no solamente es hablar de derechos humanos: también implica preguntarnos qué costo representa para el Estado mantener encarcelada a una persona cuyo proceso judicial todavía no concluye.

💡 CURIOSIDAD | Sonora supera el promedio nacional: Al cierre de 2024, a nivel nacional el 36.3% de las personas privadas de la libertad no tenía sentencia. En Sonora la proporción superaba el 53%, de acuerdo con los datos estatales derivados del mismo censo penitenciario.

¿Y cuánto tiempo puede permanecer alguien así? La Constitución establece como regla que la prisión preventiva no debe prolongarse por más de dos años, salvo que la extensión se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Cumplido ese plazo sin sentencia, corresponde revisar su situación y, cuando proceda legalmente, sustituir la prisión por otras medidas cautelares. Esto no significa que toda persona automáticamente quede libre al cumplir dos años: cada expediente y las razones de la prolongación deben analizarse judicialmente.

El problema adquiere otra dimensión cuando observamos que INEGI incorporó en 2026 el porcentaje de personas privadas de la libertad sin sentencia como un Indicador Clave nacional, precisamente porque permite medir indirectamente el acceso a la justicia y analizar el uso de la prisión preventiva. Para quienes vivimos en OBR, la discusión también es cercana: nuestro estado tiene miles de familias relacionadas de alguna manera con el sistema penitenciario y entender qué diferencia existe entre estar procesado y estar sentenciado ayuda a discutir justicia con información y no solamente desde percepciones.

💡 CURIOSIDAD | INEGI ya mide este problema como indicador nacional: Desde 2026, el porcentaje de personas encarceladas sin sentencia forma parte del Catálogo Nacional de Indicadores y se actualizará anualmente para observar cómo evoluciona el acceso a la justicia en México.

La discusión, entonces, no debería reducirse a pensar que “más presos significa más seguridad” ni asumir que cada persona encarcelada es inocente. El verdadero reto es que quien cometió un delito reciba una sentencia mediante un proceso justo, que quien no resulte responsable pueda recuperar su libertad y que la prisión preventiva se utilice conforme a la ley. Al mismo tiempo, los centros penitenciarios deben mantener condiciones dignas y programas que realmente permitan la reinserción.

Desde OBR, conocer que más de la mitad de la población penitenciaria de Sonora estaba sin sentencia al cierre de 2024 abre una conversación que vale la pena tener: ¿estamos encarcelando mientras investigamos o investigando para después determinar quién debe permanecer encarcelado? Comprender cómo funcionan nuestros penales, cuánto cuestan y qué ocurre dentro de ellos también forma parte de entender el sistema de justicia del estado en el que vivimos.

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