Familiares de las víctimas y personas afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico anunciaron que presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), en busca de justicia por la tragedia ocurrida el pasado 28 de diciembre de 2025, uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en el país en los últimos años.

De acuerdo con un comunicado difundido por la firma de abogados Vega MacGregor Arellano, la denuncia irá dirigida contra todos los involucrados en la construcción, rehabilitación, supervisión y operación del Tren Interoceánico, particularmente de la Línea Z, donde ocurrió el siniestro que cobró la vida de 14 personas y dejó a decenas más con lesiones de distinta gravedad.

Los representantes legales informaron que la denuncia penal será presentada formalmente este 5 de enero de 2026 en las instalaciones de la FGR, acompañada de una conferencia de prensa en la que se detallarán las presuntas irregularidades detectadas en el proyecto, así como las exigencias de las víctimas y sus familias.

El descarrilamiento ocurrió cuando el tren, que transportaba a aproximadamente 250 pasajeros, sufrió una falla que provocó que varios vagones salieran de las vías. El saldo inicial fue de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, cinco de ellas en estado grave, cifras confirmadas horas después del accidente por autoridades federales.

Días más tarde, la Secretaría de Marina informó que una mujer de 73 años de edad perdió la vida a consecuencia de las heridas sufridas, elevando la cifra total de fallecidos a 14, lo que incrementó la indignación y el reclamo de justicia por parte de los familiares.

Tras el accidente, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció apoyos para las familias de las víctimas y ordenó el despliegue de autoridades federales para brindar atención médica, legal y social. Sin embargo, los afectados consideran que las medidas anunciadas no han sido suficientes para esclarecer responsabilidades ni garantizar que hechos similares no se repitan.

El caso ha abierto un debate nacional sobre la seguridad de las obras de infraestructura, la supervisión de proyectos estratégicos y la rendición de cuentas de empresas constructoras y funcionarios públicos, temas que también preocupan a comunidades de todo el país, incluidas las del sur de Sonora.

Para la ciudadanía de Ciudad Obregón y la región del Yaqui, este caso subraya la importancia de mantenerse informados, exigir transparencia y participar activamente en los procesos que buscan justicia y mejoras en la seguridad pública, recordando que la vigilancia ciudadana es clave para prevenir tragedias y fortalecer la confianza en las instituciones.

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