Además del ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, una decena de ex funcionarios de su Administración están acusados de desvíos de recursos, peculado, uso indebido de atribuciones y tráfico de influencias.

Todos están amparados o pagaron fianzas, por lo que a pesar de tener denuncias penales en su contra enfrentan sus procesos en libertad.

Encabeza la lista Roberto Romero López, ex Secretario de Gobierno de Padrés, y quien se encuentra vinculado a proceso por los delitos de ejercicio indebido de atribuciones y tráfico de influencias.

En febrero de 2018, fue deportado por Estados Unidos y entregado a las autoridades mexicanas, luego de que fue acusado de utilizar su posición dentro del Gobierno estatal para beneficiar una empresa de la que era socio mayoritario y presidente del Consejo de Administración. Enfrenta su proceso en libertad gracias a un amparo.

En 2016, el ex Secretario de Agricultura de Sonora, Héctor Ortiz Ciscomani, fue aprehendido por elementos de la Interpol por el delito de ejercicio abusivo de funciones y entregado a las autoridades mexicanas, pero unos días después dejó la cárcel tras tramitar un amparo.

Ortiz Ciscomani es señalado por beneficiar a su rancho y a los de sus familiares con recursos de apoyos y programas federales y estatales para el campo. Además, al ex funcionario estatal lo investiga la Fiscalía Anticorrupción de Sonora por el derroche de 49.5 millones de pesos en la llamada cabalgata Bicentenario, organizada por la dependencia a su cargo en 2010.

Otro ex Secretario estatal acusado de actos de corrupción es el de Hacienda, Carlos Villalobos Organista. Pasó ocho meses detenido en Arizona en 2017, pero recuperó su libertad luego de pagar una multa de 20 mil dólares. La entonces Procuraduría General de la República -hoy Fiscalía- había solicitado a la Interpol su captura por el uso indebido de recursos públicos federales destinados a la salud, educación, seguridad e infraestructura.

Villalobos organista fue inhabilitado 10 años y se le impuso una multa de mil 782 millones de pesos; no obstante, se encuentra libre y actualmente sigue en Arizona, en donde solicitó asilo político.

A principios de enero fue detenido en Durango Bernardo Campillo García, ex Secretario de Salud, luego de tres años de permanecer prófugo. Es acusado de omitir y falsear información de su declaración patrimonial, así como de desviar 250 millones de pesos. Enfrenta el proceso en libertad luego de pagar una fianza.

El ex vocero de Padrés, Jorge Morales Borbón, acusado de solicitar dinero a empresarios y dueños de medios de comunicación a cambio de pagarles servicios que les adeudaba el Gobierno del entonces Gobernador panista, fue detenido en 2016 por el delito de extorsión. Tras pagar una fianza, también enfrenta su proceso en libertad.

Otros funcionarios sobre los que pesan denuncias penales son Víctor Armando Alcaraz, ex director del Fondo Estatal de Modernización del Transporte, señalado por el desvío de 569 millones, así como su sucesor, Darío Murillo Bolaños, acusado porque no ha comprobado 212 millones de pesos.

También, está denunciado Gerardo Andere García, ex director General de Crédito Público de Sonora, señalado por el presunto desvío de 750 millones de pesos. Actualmente, cuenta con un amparo, por lo que no puede ser detenido.

Teresa Lizárraga Figueroa, ex directora de Isssteson, es señalada como presunta responsable del desfalco de más de 4 mil millones de pesos cuando estuvo al frente de la institución. La ex funcionaria niega las acusaciones.

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