México.- Organizaciones civiles de periodistas y de derechos humanos pidieron al gobierno federal frenar la ola de violencia en contra de comunicadores y activistas de derechos humanos ya que a casi 90 días de la actual administración se han registrado 14 asesinatos.

Frente a Palacio Nacional, en la Puerta Mariana, la organización Espacio_OSC, para la protección de personas defensoras y periodistas, lamentó el clima de violencia que existe en el país en contra de estos gremios y se refirió al caso de Samir Flores, indígena y fundador de la radio comunitaria Amiltzinko, quien fue asesinado esta semana y que se oponía al Proyecto Integral Morelos.

Ante 14 cruces con los nombres de los comunicadores y activistas asesinados del 1 de diciembre hasta la fecha, Itzia Miravete, de Artículo 19, pidió al gobierno federal investigar estos crimines y establecer una política de protección a los periodistas y defensores de derechos humanos acorde a las necesidades y riesgos que enfrentan.

Asimismo iniciar un diálogo con organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas, donde participen todos los poderes públicos para construir una política de Estado e integral para la protección de estos sectores.

Agregó que en la investigación de estos 14 crímenes, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión se debe apegar al Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

Por su parte, Mario Hurtado, de la organización Propuesta Cívica, dio lectura a los nombres de cada uno de los periodistas y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de la actual administración federal.

Juan Carlos Flores, integrante del Frente de Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Tlaxcala y Puebla, lamentó el clima de polarización en contra de quienes se oponen o están en desacuerdo de proyectos de infraestructura como la termoeléctrica en Morelos.

En una llamada telefónica, pidió que se esclarezca el crimen de Samir Flores, y reiteró su postura en contra de la consulta popular convocada para el 23 y 24 de febrero, por considerar que es inconstitucional y va en contra de los derechos de los pueblos indígenas.

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