Un juez federal dictó prisión preventiva a Rosario Robles, la ex secretaria de Desarrollo Social durante la administración del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, tras ser acusada de desviar 5.073 millones de pesos (258 millones de dólares) por el caso conocido como La Estafa Maestra.

Durante ese tiempo, la defensa deberá ofrecer pruebas para mostrar la inocencia de Robles, mientras la Fiscalía General de la República buscará probar su culpabilidad.

Robles pidió al magistrado que tomara en cuenta su disposición de comparecer ante la justicia mexicana, solicitud que le fue denegada.

Durante la comparecencia de la ex funcionaria, su defensa legal señaló que el ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, tuvo conocimiento de las irregularidades por las que se acusa a Robles, cuando la sustituyó al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Por ello, el juez de control también ordenó a la defensa de Robles presentar, a más tardar el próximo viernes, una copia certificada de su acta de entrega-recepción en Sedesol para investigar una posible omisión de Meade.

Tras dejar su cargo al frente de Sedesol, Robles pasó a ser la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), en agosto de 2015.

Durante el proceso judicial en su contra, la Fiscalía aseguró que los funcionarios que trabajaron bajo las órdenes de Robles en Sedesol y Sedatu operaron del mismo modo para desviar dinero público mediante contratos millonarios, otorgados a empresas fantasma a través de universidades públicas, para la realización de diversos servicios que nunca se realizaron. Estas irregularidades fueron documentadas en diversos informes de la Auditoría Superior de la Federación.

En este sentido, el juez consideró que Robles nunca hizo nada por detener los malos manejos en las dos secretarías, donde uno de sus subalternos, Emilio Zebadúa, presuntamente operó los desvíos de dinero público.

En sus últimas declaraciones a la prensa, la ex secretaria de Estado dijo confiar en la autonomía del poder judicial y aseguró tener “las faldas bien puestas” para afrontar los cargos en su contra.

Mientras la defensa de Robles acusa una persecución política en su contra, el juez señaló que si la exfuncionaria no notificó por escrito a Peña Nieto sobre los millonarios desvíos en Sedesol y Sedatu, esto podría ser interpretado como un caso de encubrimiento a favor del exmandatario.

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