CARACAS (AP) — El presidente Nicolás Maduro llamó el lunes a realizar una Asamblea Nacional Constituyente para “refundar” a Venezuela con una nueva Constitución, en momentos que su gobierno enfrenta protestas opositoras casi diarias en las que le exigen dejar el poder y llamar a elecciones generales.

La oposición pidió desconocer la convocatoria y llamó a realizar nuevas protestas callejeras, que ya se han extendido por más de un mes.

Horas después de anunciarlo en una reunión con miles de sus partidarios en Caracas, Maduro firmó el decreto presidencial para poner en marcha el proceso constituyente, lo que para algunos analistas puede traducirse en que se use como un pretexto para posponer elecciones regionales previstas para este año y potencialmente los comicios presidenciales del 2018.

El mandatario, cuya popularidad ha sido minada por una crisis política y económica, tiene la facultad de fijar las bases para elegir los delegados a la asamblea. De acuerdo a la carta magna, cualquier cambio constitucional debe ser aprobado en un referendo para entrar en vigencia.

La firma del decreto la hizo en el palacio de gobierno, acompañado de sus ministros, el alto mando militar y aliados políticos.

Venezuela ha tenido 26 constituciones desde su independencia hace más de 200 años, la más reciente de ellas data de 1999 y fue impulsada por el ahora fallecido presidente Chávez y mentor político de Maduro.

En su momento, Chávez catalogó la nueva Constitución como “la mejor del mundo” y vaticinó que tendría una vigencia de varios siglos, sin embargo desde el 2007 buscó modificarla para convertir a este país sudamericano en un estado socialista. Esa reforma fue rechazada por los venezolanos en un referendo, pero más tarde logró introducir en el texto constitucional algunos cambios puntuales, donde el principal objetivo fue introducir la reelección indefinidamente.

Chávez falleció el 5 de marzo de 2013, pocos meses después de lograr ser electo por tercera vez.

Horas después de que la oposición tomara de nuevo las calles y ante miles de adeptos, Maduro dijo que su llamado era para una asamblea ciudadana, cuyos 500 integrantes serán electos por las “clases obreras y movimientos sociales”.

Para el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, se trata del “golpe de Estado más grave” de toda la historia.

“Debemos seguir luchando como hasta ahora lo estamos haciendo”, dijo Borges al llamar a los venezolanos a salir el martes a cerrar por dos horas las calles para proseguir las protestas contra el gobierno que ya entraron en el segundo mes. La oposición también convocó para el miércoles a una gran movilización en todo el país para intensificar las acciones de calle.

“Que sepan que tiene que masacrar un pueblo o meternos presos, o destruirnos, pero este pueblo venezolano no se rinde”, agregó.

El dirigente opositor instó a las fuerzas armadas y al resto de los poderes públicos a pronunciarse.

Venezuela atraviesa un clima de alta tensión política y creciente espiral de violencia tras las prolongadas protestas contra el líder socialista que han dejado un saldo de 29 muertos, centenares de heridos y cerca de 1.300 detenidos. Las más recientes manifestaciones comenzaron a fines de marzo.

Maduro propuso la realización de una Asamblea Constituyente para eliminar la constitución vigente desde 1999 y crear una nueva que incluya un reordenamiento del Estado, el Congreso y el poder judicial.

El abogado constitucionalista José Vicente Haro dijo a la AP que de elegirse los miembros de la asamblea ciudadana solo con los votos de los sectores obreros y demás aliados al gobierno se vulneraría la Constitución que obliga a preservar los principios de “proporcionalidad, representación proporcional de las minorías y personalización de voto”.

Sobre las implicaciones que tendrá este proceso, el jurista indicó que la activación de la Asamblea Nacional Constituyente llevará al CNE a concentrarse en ese proceso y a relegar y demorar cualquier consulta electoral, lo que dejará a la oposición sin opciones para presionar unas elecciones regionales.

Las tensiones políticas se agitaron en Venezuela a finales de marzo a raíz de dos sentencias que emitió el Tribunal Supremo de Justicia en las asumió las competencias legislativas de Congreso y limitó la inmunidad de los diputados. El máximo tribunal, que es señalado de estar controlado por el gobierno, revirtió en abril los dictámenes, pero las protestas aún no han cesado.

El gobierno y la oposición volvieron a medir fuerzas el lunes en el marco del Día Internacional del Trabajo, con marchas en la capital y otras ciudades del país, en medio de un clima de alta tensión política y creciente espiral de violencia que generan preocupación en la comunidad internacional, la cual aboga por una salida negociada a la crisis.

Al ritmo de pitos y tambores, decenas de miles de opositores, vestidos con camisetas blancas y levantando pancartas en que se leían “el cambio es indetenible”, se volcaron a las calles en Caracas para protagonizar una nueva jornada de protestas contra el gobierno, que entran a su segundo mes.

Otros miles de opositores, que intentaban marchar por la principal autopista de la capital y algunas avenidas del oeste, fueron bloqueados por centenares de guardias nacionales que les lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma para evitar que avanzaran hacia el centro de la ciudad donde se desarrollaba una movilización oficialista.

Uno de los manifestantes, el diputado opositor José Manuel Olivares, sufrió una herida en la cabeza al ser golpeado por una bomba lacrimógena.

AGENCIAS

Comentarios

comentarios