La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda recibió denuncias de al menos tres informantes que vinculan al asesor jurídico del exmandatario como el principal operador de la red.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, Santiago Nieto, reconoció que actualmente se investigan las finanzas del expresidente Enrique Peña Nieto por su presunta participación en una red de extorsiones.

En entrevista con el periodista Marcos Martínez Chacón, publicada en Aristegui Noticias, el funcionario reveló que el caso se empezó a investigar a partir del testimonio de tres informantes, dos de los cuales habrían sido extorsionados por despachos de abogados privados que habrían operado de manera coordinada con la oficina de la Presidencia durante el sexenio anterior.

De este modo, Santiago Nieto reconoció tener conocimiento de 722 casos de extorsión a particulares y compañías cuyas cuentas habían sido congeladas por la UIF durante el sexenio de Peña Nieto. A estas cuentas se les retiraba la sanción tras un supuesto pago.

El funcionario señaló que aunque el Gobierno de México investiga las finanzas del expresidente en colaboración con varios gobiernos extranjeros, todavía no se cuenta con un elemento probatorio que demuestre la culpabilidad del exmandatario.

“Apenas estamos trabajando en eso (…) Pero todavía no tengo ningún elemento probatorio real, en eso estamos, estamos haciendo el proceso de investigación”, dijo Nieto, que considera que el mandatario mexicano “estaba enterado de cualquier acto de corrupción”.

El exfiscal de delitos electorales también señaló que la UIF abrió un expediente al exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores Luis Videgaray, considerado el más influyente colaborador de Peña Nieto.

De acuerdo con información de la UIF, el presunto esquema de extorsiones era operado por Humberto Castillejos, quien era el asesor jurídico de la Oficina de la Presidencia de la República.

“El que era el consejero jurídico, Humberto Castillejos, operaba todo desde una serie de despachos. Estos eran los despachos que se encargaban de defender a las personas en contra de la UIF”, sostuvo el funcionario federal.

Las indagatorias preliminares señalan que la UIF congelaba cuentas de particulares para que posteriormente despachos de abogados privados contactaran a los titulares de dichas cuentas, a quienes se les incitaba a hacer un pago para que posteriormente el Gobierno federal las desbloqueara.

Según Nieto, este desbloqueo injustificado fue asentado en un documento oficial fechado en junio de 2018, que fue clave para que la UIF presentara una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República para investigar el caso.

Combate a la corrupción
Desde que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asumió el cargo, en diciembre pasado, políticos de alto perfil relacionados con Peña Nieto han sido vinculados a un proceso judicial.

Primero fue la orden de aprehensión contra el extitular de Petréleos Mexicanos Emilio Lozoya, por el caso de la adquisición de dos plantas chatarra de fertilizantes y los supuestos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.

Posteriormente, se produjo la detención del abogado Juan Collado, cercano a los expresidentes Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, por un presunto fraude financiero.

Pero el caso más sonado hasta ahora fue la orden de prisión preventiva a la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, por el caso de desvío y triangulación de recursos conocido como ‘La Estafa Maestra’.

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