Hermosillo, Sonora, septiembre 4 de 2019.- “El robo de identidad y el fraude patrimonial, en Sonora no”, afirmó la Fiscal de Justicia en el Estado, Claudia Indira Contreras, al dar a conocer que ya se encuentran vinculados a proceso cuatro miembros de una red de defraudadores originarios del Sureste del País, y están imputados como quienes posiblemente afectaron a 10 familias hermosillenses por un monto superior a los 3.5 millones de pesos.

La mañana del 3 de junio, la señora Patricia “N.”, esposa del señor Luis “N.”, acudió a hacer el pago del predial de un terreno de su propiedad ubicado al Norte de la ciudad; enorme y desagradable sorpresa se llevó, al exponerle el cajero del Municipio que dicho predio ya no era de su propiedad, que había sido vendido el pasado mes de febrero.

De inmediato, la pareja de esposos acudió a interponer la denuncia ante la Fiscalía de Justicia de Sonora, misma que descubrió el modus operandi de una peligrosa red que robaba la identidad de sus víctimas para enajenar, en una operación fraudulenta, los bienes inmuebles de dichas personas.

Los presuntos delincuentes recorrían la ciudad para seleccionar los predios o propiedades con plusvalía, tomaban fotografías y medidas de dichos bienes.

Ubicaban al dueño de los mismos y procedían a robar la identidad, generando documentos apócrifos, tales como credenciales de elector y pasaportes falsificados o alterados.

Con esas identificaciones, solicitaban información al Registro Público de la Propiedad y obtenían copias certificadas de escrituras públicas; a partir de ahí, recababan el certificado de libertad de gravamen, obtenían constancias auténticas de que el bien inmueble no contaba con adeudos o era sujeto a embargo.

Adicionalmente, sin reparo alguno, contrataban publicidad para promover la venta de los predios seleccionados, en secciones especializadas de medios impresos. Ahí describían el fraccionamiento o colonia, la ubicación de la propiedad y el número celular del vendedor fraudulento.

De esta manera contactaban a posibles compradores, y como parte de la estrategia delictiva los invitaban a visitar las propiedades; una vez que se acordaba el precio, el presunto defraudador citaba al comprador de buena fe en una Notaría Pública.

El día de la formalización de la operación, los hoy imputados portaban identificaciones apócrifas de los propietarios reales del bien inmueble, copia de escrituras públicas, certificados de libertad de gravamen, e incluso constancias de no adeudo de agua, luz y predial, todo en el marco de una aparente legalidad.

En forma inmediata, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) creó un grupo especial de investigadores conformado por Agentes del Ministerio Público designado exclusivamente para atender este caso, así como elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), adscritos a la Dirección General de Investigaciones.

La FGJE ubicó y concentró otras cuatro carpetas de investigación más con un modus operandi muy similar, bajo la premisa de que al ubicar a los criminales del caso de Luis, sería posible también identificar a los responsables del resto de los delitos denunciados.

Se instaló una mesa de trabajo interinstitucional donde participaron, por Secretaría de Gobierno, su titular Miguel Pompa Corella, la presidenta del Colegio de Notarios en Sonora, Karina Gastélum Félix y su mesa directiva, la directora general de Notarias, María Inés Aragón, El vocal ejecutivo de ICRESON, Rafael Gastélum, el director de Servicios Registrales de ICRESON, Juan Carlos Córdova, el titular del Registro Público de la Propiedad, el Vicefiscal de Investigaciones, Gustavo Bustamante, el Comisario General de AMIC, Manuel Ángel Barrios, y el director general de Investigación de la Fiscalía, Juan de Dios Godoy Rentería, se procedió a investigar y documentar los hechos delictivos denunciados:

1.-Mediante diversas acciones de investigación e inteligencia y contando con la colaboración de la víctima, se lograron ubicar datos de prueba sobre los presuntos responsables de cometer los delitos.

2.- Se gestionó y logró la orden del Juez para acceder a información de los presuntos responsables.

3.- Se logró obtener la ubicación del centro de operaciones del este grupo delictivo.

4.- Mediante acciones de vigilancia se pudo constatar los pasos del modus operandi de dos miembros de esa asociación delictiva.

Se confirmó la ubicación del centro de operaciones de esta organización delictuosa, localizada en un complejo departamental ubicado en la Colonia Santa Isabel.

En dicho centro, a lo largo de los días, se pudo constatar la presencia de por lo menos cuatro personas, quienes utilizaban una unidad automotriz con placas de Baja California.

El pasado viernes 5 de julio, derivado de la coordinación entre la Fiscalía de Justicia y el Colegio de Notarios, el Director de Investigaciones recibió una llamada informando que dos personas ahí presentes realizaron una compraventa y que advertían ciertas inconsistencias, por lo que solicitaban nuestro apoyo.

Las testigos, explicaron vía telefónica que el trámite de compra venta concluyó de manera usual; los presuntos defraudadores entregaron una copia certificada de la factura y el comprador un cheque por el monto de 990 mil pesos moneda nacional, que amparaba el pago de la suma acordada.

Los Agentes de Investigación Criminal, lograron llegar a la notaria en el preciso momento de que ellos abordaban el vehículo y persiguieron la unidad motriz que se dirigió hasta una institución bancaria, y ya en la fila, pretendiendo cobrar dicho cheque, se acercaron a uno de los imputados y se le solicitó salir de la institución bancaria para leerle sus derechos al realizar la detención en flagrancia.

EN TOTAL HAY CUATRO PERSONAS ASEGURADAS,

ASOCIACIÓN DELICTUOSA:

Oswaldo/Víctor “N.”, 43 años

De Coyotepec, Estado de México

▪ Apoderado legal

▪ responsable de trámites ante ICRESON

▪ responsable de contratación de publicidad.

Renato “N.”, 33 años

De Veracruz, Veracruz

▪ Corredor y/o intermediario para la compraventa

Jorge Andrés “N.”, 39 años

De Veracruz, Veracruz

▪ Posible líder de la banda criminal

▪ Contador/administrador

Alejandro “N”, 42 años

De Guadalajara, Jalisco

▪ Intermediario

▪ Operador financiero

▪ Responsable del blanqueo de dinero

La totalidad de los involucrados son originarios de estados del Sureste del País, y no contaban con residencia en Sonora, por lo que se advierte que su permanencia era únicamente con la intención de sorprender la buena fe de las familias sonorenses.

Como complemento a la recopilación de los datos de prueba de este hecho delictivo, el Agente del Ministerio Público asignado al caso realizó una acción de cateo en el complejo departamental, donde fueron asegurados múltiples de documentos presumiblemente apócrifos, entre ellos escrituras públicas, falsificaciones diversas y todo ello considerado como material documental con la que presumiblemente esta asociación delictiva pretendía realizar más acciones de compraventa y traslados de dominio fraudulentos.

Se aseguró también un vehículo marca Jeep tipo vagoneta, línea Trucks Wrangler, modelo 2010, color guinda, con placas del Estado de Baja California.

El vehículo y los indicios asegurados se encuentran en proceso de análisis pericial.

Los cuatro detenidos, están ya relacionados y vinculados a proceso y se continúa con la carpeta de investigación por los delitos de: Usurpación de identidad, fraude, falsificación de documentos, falsedad de declaraciones ante Notario Público, despojo y asociación delictuosa.

En una de la primera carpeta, el Juez de Control decretó como legal la detención y dictó la medida cautelar de prisión preventiva, solicitada por esta Fiscalía.

“Esto fue posible gracias al interés que mostró el Colegio de Notarios y la Dirección General de Notarias, la preocupación que tienen nuestros notarios con las autoridades que dieron estos resultados de seguir brindando en Sonora.

“La certeza jurídica de que en Sonora podemos seguir y contar no solo con una Fiscalía que es eficiente y que así como persigue otro tipos de delitos, que se tenga la confianza a la Fiscalía, ahí está los resultados”, expuso Miguel Ernesto Pompa Corella, secretario de Gobierno en Sonora.

Ante la FGJE de Sonora, los imputados tendrían que responder por el daño patrimonial a 10 familias afectadas, derivadas de cinco operaciones fraudulentas de terrenos.

La Fiscal Estatal, Claudia Indira Contreras, sugirió cerrar el paso al robo de identidad y a los delitos patrimoniales, estableciendo la huella digital y la toma de fotografía para todo usuario de Notarías Publicas y Registro Público de la Propiedad.

“Como Fiscal, tengo la oportunidad de intercambiar experiencias con otros Fiscales de diversos estados, déjenme compartirles que existen entidades en donde este tipo de prácticas afectado a cientos, en otros, a miles de familias. Yo hoy quiero dejar muy en claro: El robo de identidad y el fraude patrimonial, en Sonora no”, enfatizó Claudia Indira Contreras.

Casos denunciados

Caso 1, denunciado el 16 de noviembre de 2018

Víctimas de robo de identidad: Adolfo “N.” y Martha “N.”

Víctima de fraude: Carlos Alberto “N.”

Lugar de la propiedad: La Condesa

Valor: 235 mil pesos

Caso 2, denunciado el 10 de diciembre de 2018

Víctimas de robo de identidad: Mirna Guadalupe “N.”, Mirna del Sol “N.” y José Abraham “N.”

Víctima de fraude: Pablo “N.”

Lugar de la propiedad: Colonia Olivares

Valor: 250 mil pesos

Caso 3, denunciado el 28 de mayo de 2019

Víctima de robo de identidad: Laura Irene “N.”

Víctima de fraude: Martín “N.”

Lugar de la propiedad: Villa Satélite

Valor: 1 millón 600 mil pesos

Caso 4, denunciado el 3 de junio de 2019

Víctima de robo de identidad: Luis “N.”

Víctima de fraude: Octavio “N.”

Lugar de la propiedad: Valle Grande

Valor: 470 mil pesos

Caso 5, denunciado el 5 de julio de 2019

Víctima de robo de identidad: Eduardo “N.”

Víctima de fraude: Adolfo “N.”

Lugar de la propiedad: Valle Verde

Valor: 990 mil pesos

Lo que representa un daño patrimonial total de 3 millones 545 mil pesos.

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