La política colombiana vive un momento de profunda consternación tras confirmarse el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y precandidato presidencial, quien perdió la vida en Bogotá luego de permanecer hospitalizado más de dos meses tras un atentado. La noticia ha generado impacto tanto en la escena política como en la opinión pública, recordando episodios oscuros de la historia reciente del país.

Uribe Turbay, de 39 años, inició su carrera política como concejal de Bogotá y llegó a ocupar el cargo de secretario de Gobierno durante la administración de Enrique Peñalosa. Con estudios en la Universidad de los Andes y una maestría en Harvard, se proyectaba como una figura de renovación dentro del uribismo, defendiendo posturas críticas hacia el actual Gobierno de Gustavo Petro.

El atentado ocurrió el 7 de junio pasado, cuando iniciaba su campaña presidencial. Recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda, lesiones que lo mantuvieron en condición crítica hasta su fallecimiento en la madrugada del lunes. La Fundación Santa Fe de Bogotá fue el escenario de una lucha médica constante por su vida, seguida de cerca por medios y ciudadanos.

Su trayectoria estuvo marcada por un compromiso con temas de seguridad, economía, empleo y oportunidades para jóvenes. También impulsó propuestas de emprendimiento y mantuvo un perfil activo en el debate legislativo, siendo uno de los senadores más votados de su partido en las elecciones de 2022.

Miguel Uribe Turbay era nieto del expresidente Julio César Turbay y vivió de cerca la violencia política: su madre, la periodista Diana Turbay, fue asesinada en 1991 durante un secuestro del cartel de Medellín. Este antecedente personal reforzó su postura contra el crimen organizado y su defensa de políticas de seguridad.

Más allá de la política, era un hombre multifacético: ajedrecista, músico y atleta aficionado a las carreras de media distancia. En julio pasado, sus seguidores organizaron la “Carrera por la vida” en varias ciudades del país como muestra de apoyo y esperanza para su recuperación.

Su asesinato revive la memoria de otras tragedias políticas en Colombia, como las de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro en 1990. Analistas señalan que este hecho reabre el debate sobre las garantías de seguridad para candidatos y líderes de opinión en la nación sudamericana.

Aunque el hecho ocurrió en Colombia, la noticia ha trascendido fronteras y llega a oídos de la comunidad internacional, incluida la de Ciudad Obregón, donde se sigue con atención la evolución política de América Latina y sus repercusiones en la región. Este caso es un recordatorio de la importancia de la seguridad y la paz como base para cualquier proceso democrático.

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