La política internacional volvió a sacudir titulares este martes, luego de que el expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fuera condenado a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, tras ser acusado de recibir millonarios sobornos durante su gestión como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014. La sentencia forma parte de uno de los casos de corrupción más sonados de los últimos años en Sudamérica.

El tribunal peruano determinó que Vizcarra aceptó pagos ilegales por parte de empresarios a cambio de favorecerlos en la asignación de obras públicas. Aunque la fiscalía pedía 15 años de cárcel, el juez dictó una pena de 14, además de ordenar su ejecución inmediata y su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante nueve años.

El fallo contra Vizcarra llega después de una larga cadena de controversias que inició en 2020, cuando fue destituido de la presidencia por “incapacidad moral permanente”, un proceso que ya había polarizado profundamente al país. Hoy, la nueva sentencia reaviva tensiones y abre el debate sobre corrupción y justicia en Perú.

Tras conocer su condena, el expresidente publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que el proceso es una revancha de sus opositores políticos. “Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. No me van a doblegar”, escribió, reiterando que continuará defendiéndose.

Vizcarra también anunció que su hermano, Mario Vizcarra, encabezará ahora su movimiento político para “continuar la lucha”, una declaración que provocó opiniones encontradas entre analistas y simpatizantes. Mientras unos consideran que busca mantener influencia pese a la condena, otros lo interpretan como una estrategia de resistencia.

La situación ha generado amplio debate en Perú, donde la ciudadanía sigue dividida entre quienes celebran la sentencia como un acto necesario contra la corrupción y quienes creen que el proceso estuvo cargado de motivaciones políticas, como sostiene el propio expresidente.

La condena de Vizcarra también vuelve a poner bajo la lupa a los gobiernos latinoamericanos, donde varios exmandatarios han enfrentado procesos judiciales en las últimas décadas. Casos como este suelen provocar reflexiones sobre transparencia, justicia y el impacto que estas decisiones tienen en la ciudadanía.

Aunque la noticia ocurrió fuera del país, sigue siendo relevante para los habitantes de Ciudad Obregón, quienes observan cómo en otras naciones se aplican medidas firmes contra la corrupción. Con información clara y oportuna, los cajemenses pueden mantenerse informados sobre temas que marcan el rumbo político en la región y en el continente.

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