En días recientes, dos coches bomba explotaron en los municipios de Acámbaro y Jerécuaro, en el estado de Guanajuato, lo que generó alarma y desconcierto en la población. Estos ataques ocurrieron el jueves 25 de octubre y dejaron personas heridas y daños materiales. Tras estos hechos, las autoridades federales y estatales respondieron para contener la situación y reforzar la seguridad en la región.

El primer ataque se registró frente a la Secretaría de Seguridad Pública de Acámbaro, donde tres policías resultaron heridos y varias viviendas cercanas sufrieron daños. Un segundo coche bomba explotó en Jerécuaro, afectando una patrulla, siete vehículos y nueve locales comerciales, además de dejar a dos personas lesionadas.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, anunció que se implementaron operativos de seguridad en conjunto con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional para mantener la seguridad en la región. En una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que estos eventos no deben considerarse actos de terrorismo, aclaración que fue respaldada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

García Harfuch explicó que el terrorismo se define por una motivación ideológica, política o religiosa, mientras que estos incidentes en Guanajuato corresponden a una disputa entre cárteles que buscan amedrentar a las autoridades locales y consolidar su control en la región. Según el secretario, el conflicto involucra al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y un grupo criminal local.

Para comprender si estos ataques se consideran terrorismo en México, revisamos el Código Penal Federal. En su artículo 139, se considera terrorismo cualquier acto que provoque alarma o terror en la población, con el uso de explosivos o armas, para afectar bienes públicos o privados. La ley establece penas de hasta 40 años de cárcel para quienes cometan actos con esta intención, y mayores sanciones si ocurren en espacios públicos o afectan la economía nacional.

A pesar de los criterios legales, algunos especialistas, como el estudiante de Derecho José Luis Rojas Romo, argumentan que los actos del crimen organizado en México, como el narcotráfico, podrían clasificarse como terrorismo por el uso de violencia para intimidar a las autoridades y a la población.

Ante este contexto, los cajemenses pueden reflexionar sobre la gravedad de los conflictos en el país. Aunque las autoridades no consideran terrorismo los eventos en Guanajuato, los efectos sobre la población generan incertidumbre y refuerzan la necesidad de una mayor coordinación en seguridad pública en toda la nación.

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