Lo que empezó como un encuentro entre amigas con afinidades por la cocina, en el que se intercambiaban platillos y esporádicamente se vendía alguno a través de Internet, se ha convertido en una pesadilla para varias mujeres en California.

Pero sobre todo para Mariza Ruelas, una madre soltera de seis hijos, a los que tendría que dejar en manos de otros, de confirmarse la sentencia con la que los tribunales suelen castigar a quienes violan la ley.

Porque cuando estas féminas se juntaron en la localidad de Stockton, y sobre todo cuando echaron a andar el grupo de Facebook 209 Food Spot, dedicado a preparar, promocionar, intercambiar y hasta vender platillos caseros como tamales, tortillas y pasteles, nunca imaginaron que desde algún sitio las estuvieran espiando.

Esto ocurrió durante cerca de un año: las espiaban a través de la red social e incluso interactuaban con ellas. Hasta que un día un investigador del condado de San Joaquín se hizo pasar por un consumidor y acordó con Ruelas que le compraría una ración de su promocionado ceviche.

Un mes más tarde, la mujer recibiría una citación de la corte de justicia. Tanto a ella como a sus amigas de les acusaba de un delito menor por no disponer de los permisos necesarios para la manipulación y la venta de alimentos.

Sus colegas negociaron, aceptaron declararse culpables, cumplir una sentencia de un año de libertad condicional, 40 horas de servicio comunitario y una multa de 235 dólares.

Pero Ruelas no transó. La fiscalía había destinado para ella tres años de libertad condicional y 80 horas de servicio comunitario, además de una multa con el mismo importe que las otras.

Y como no estuvo de acuerdo con lo que se le imponía, ahora podría penar tras las rejas de una prisión para mujeres durante un largo año.

Desde entonces las redes sociales y la prensa local misma se han convertido en un hormiguero.

vendía o intercambiaba alimentos unas pocas veces al mes, y que en su momento llegó a recabar información sobre los permisos estatales para el peculiar servicio de gastronomía que ellas llevaban a cabo, aunque toda la información disponible se centraba en la panadería, y no en la elaboración de ceviche.

“No creímos que le hiciéramos ningún daño a nadie”, opinó.

“A nadie se le ocurrió hacerlo con regularidad. Muchas veces, sólo estábamos recuperando lo invertido en los ingredientes”.

Mientras, Kelly McDaniel, la Fiscal del Distrito del Condado de San Joaquín, declaró a la prensa: “Yo no hago las leyes, las aplico, y la legislatura ha decidido que esto fue un delito”.

Comentarios

comentarios