José Luis Cisneros Mexicano, víctima de grupos de odio en la frontera

SAN DIEGO, CALIFORNIA.- José Luis Cisneros cruzaba la línea de noche, más arriba de Tecate, una ruta montañosa utilizada por los ‘coyotes’. Allá, el muro es menos alto que en Tijuana, sin embargo hay otras amenazas. Lo interceptaron tres jóvenes. Lo golpearon para matarlo. Estaba solo en un lugar desierto pero no era su hora; un oficial de la Patrulla Fronteriza los encontró.

Estuvo tres semanas en coma internado en un hospital de San Diego. Los médicos pensaron que no iba a quedar bien por los daños severos que sufrió. La mandíbula se la fracturaron en cuatro partes. Usaron un bat o una especie de tubo. Con el primer golpe perdió el conocimiento. Luego se enteró que uno de los muchachos lo había golpeado 20 veces en la cabeza cuando estaba desmayado. Media parte de su rostro fue reconstruido. Le pusieron una placa en la mitad de su cara.

Su caso fue uno de los primeros crímenes de odio racial que se han podido comprobar ocurren contra mexicanos en Estados Unidos y que se han llevado a juicio, reportan activistas. Fue en septiembre de 2002, un año después del ataque a las Torres Gemelas que “todo estaba muy caliente, y aunque uno no tuviera la culpa, estaba la cosa revuelta”, explica José Luis.
Durante las investigaciones del caso, los detectives encontraron signos del movimiento White Power en las casas de los menores involucrados.
Defender la frontera
El riesgo que toma José Luis a ser deportado, golpeado por grupos extremistas o atacado por los ‘coyotes’, es para trabajar como campesino. Acaba de terminar la pizca de uva en San Luis, Obispo. Gana un promedio de 600 dólares a la semana libres de impuestos. Le manda a su familia entre 200 y 400 dólares cada ocho días.
La supremacía blanca, los cabezas rapadas que se oponen a la migración ilegal cobraron fuerza en la campaña. El odio racial comenzó a exacerbarse desde que Trump anunció su candidatura en junio de 2015 y declaraba: “los mexicanos que migran ilegalmente traen drogas, crímenes y son violadores”.

Después del ataque, José Luis esperó 10 años para ver si lograba una indemnización que no llegó. Por los golpes sufridos, estuvo imposibilitado para trabajar durante dos años.
Estados Unidos le otorgó una visa humanitaria por cinco años que luego no le renovaron. Así que el hombre regresó por los cerros. Porque trabajando como jornalero en México nunca hubiera podido pagarle los estudios de Criminología a su hijo en una universidad privada.

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