La publicación afirma que Marshall vivió por largo tiempo en situación de calle, existiendo —según la denuncia— fotografías, testigos y registros que demostrarían abandono previo. Se expone que, tras ser atropellado, una fundación intervino, proporcionó atención médica, cirugías y rehabilitación, para posteriormente entregarlo en adopción responsable.

Meses después, una persona habría reclamado la propiedad del perro. De acuerdo con la denuncia ciudadana, la resolución legal reciente indica que Marshall deberá permanecer con quien afirma ser su dueño, sin que, según la publicación, exista una imputación formal o una orden de aprehensión contra nadie relacionado con el caso.

El texto critica que la autoridad haya favorecido el reclamo de propiedad por encima del bienestar animal, señalando que esta situación afecta no solo a Marshall, sino también a rescatistas, fundaciones y ciudadanos que realizan labores de protección animal sin apoyo institucional. La denuncia plantea cuestionamientos sobre cómo se valoran el abandono y la omisión en este tipo de procesos.

La publicación concluye solicitando a la ciudadanía compartir el caso y etiquetar a las autoridades para promover una revisión del proceso y visibilizar la situación de Marshall.

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