Todas las alarmas para proteger su vida no fueron suficientes. El periodista Rafael Murúa Manríquez, de 34 años, fue asesinado en el Estado de Baja California Sur, en el norte de México. Su cuerpo fue hallado entre la maleza este domingo con diversas lesiones.

Desde 2017 el reportero se apegó al protocolo de protección a periodistas del Gobierno mexicano a causa de las constantes amenazas que recibía por su trabajo periodístico. Su homicidio, el primero del año contra un periodista en México, reabre la cicatriz de la violencia contra la libertad de expresión en el país.

Murúa Manríquez tenía 10 años de trayectoria profesional, colaboraba con el periódico local Diario Independiente y era fundador y director de RadioKashana, un proyecto de radio comunitaria que implementó en las ciudades de Santa Rosalía, Guerrero Negro y Cabos San Lucas.

La información oficial indica que el cuerpo del periodista presentaba diversas perforaciones en el tórax. Las versiones extraoficiales detallan que dichas lesiones fueron hechas con un pica hielo. La Procuraduría de Baja California Sur no ha precisado las posibles causas del asesinato.

No obstante, para sus amigos y colegas el homicidio está estrechamente ligado a su labor como reportero. Cristina Medina, amiga y colega de Murúa Manríquez asegura que él era uno de las pocas voces críticas del gobierno municipal de Mulegé. Redes de corrupción y nepotismo en las oficinas públicas figuran entre las investigaciones del comunicador.

Apenas en noviembre de 2018, Murúa Manríquez denunció a través de sus redes sociales del constante acoso del actual gobierno municipal. “Ejercer el periodismo en Santa Rosalía me ha traído bastante satisfacción, incluyendo un título profesional, pero también varias amenazas de muerte, intentos de censura al más dictatorial estilo, calumnias, traiciones, enemistades” escribió en su cuenta de Facebook.

Días antes también había dado a conocer por esta vía que unas personas habían lanzado una piedra a su casa. Para él, esta fue una señal inequívoca de un intento de silenciar su voz.

Las amenazas contra su vida no eran nuevas. En agosto de 2017, él y su familia salieron de Baja California Sur para refugiarse un tiempo en la Ciudad de México. Meses más tarde, regresaron al municipio de Mulegé confiando en la información proporcionada por el Gobierno federal de que el acoso contra su persona había terminado. “La prioridad de él era su familia, le daba mucho miedo que por su trabajo se afectarán la vida de sus seres queridos”, recuerda Medina.

La voz de la periodista se ahoga en sollozos por la tristeza al recordar la creatividad y energía que caracterizaba a Murúa Manríquez. Al pesar por la muerte de su compañero se suma la preocupación por la señal de peligro que esta muerte representa para el resto de los periodistas que trabajan en el Estado. “La libertad [de expresión] no es real, desgraciadamente Baja California Sur no es hoy por hoy un lugar seguro para ejercer el periodismo”, afirma.

La pesadumbre e indignación por su muerte es compartida por Artículo 19. Sebastián Salamanca, oficial de protección y defensa a periodistas de la organización que denuncia la violencia contra periodistas, lamenta que el homicidio ha ocurrido a pesar de que el periodista cumplió con el protocolo para salvaguardar su vida. “El Estado mexicano estaba en pleno conocimiento de la situación de riesgo en la que se encontraba. El periodista hizo todo lo que se suponía que debía hacer y esto es algo muy doloroso”, ha indicado.

De acuerdo con las cifras de Artículo 19 en las últimas dos décadas en México se han asesinado a una veintena de periodistas debido a su labor periodística. Solo en 2018 el organismo registró nueve casos. “Es una historia que se repite una y otra vez, tenemos un periodista de algún territorio alejado de las grandes ciudades que denuncia amenazas, estas amenazas no son investigadas y luego el periodista aparece asesinado, una historia que se repite una y otra vez en México y América Latina”, concluye Salamanca.

Vía El País

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